28/08/2018
Este documento examina los medios de acción a disposición del Estado para impedir la proliferación de actividades ilícitas en el mar a cargo de grupos criminales de carácter transnacional. El Derecho del mar atribuye competencias de policía a las autoridades estatales para asegurar el respeto de la ley en los espacios marítimos y luchar contra estas amenazas. En ciertas circunstancias, permite la interceptación de buques dedicados a estas actividades ilícitas. A tal efecto, las autoridades pueden adoptar medidas coactivas, incluido el uso de la fuerza en los casos más extremos. Sin embargo, las insuficiencias y ambigüedades del Derecho del mar restan eficacia a la acción del Estado en el mar y alientan las actividades de estos grupos delictivos. Para evitar esta situación, los Estados deben adoptar un enfoque multilateral y deben dotarse de normas y procedimientos operativos claros, que aporten seguridad jurídica a los agentes estatales encargados de perseguir estas actividades ilícitas, y una mayor coordinación entre las agencias del Estado habilitadas para ejercer funciones de policía marítima.
Documento elaborado por Julio Jorge Urbina.